El equipo del CNII de planta central participó en un diálogo de trabajo entre representantes de diferentes instituciones de protección de derechos para abordar la reforma a los requisitos y procedimiento previo para la obtención de las categorías migratorias establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos –LOREG.

Entre las instituciones que formaron parte de este diálogo se encuentran: el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, los Consejos Nacionales para la Igualdad de movilidad humana, género, pueblos y nacionalidades e intergeneracional y Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Las instituciones involucradas consideran que en la reforma a los requisitos se desprende la posible inclusión de requerimientos que podrían profundizar situaciones de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, además de violencia de género.

Como parte de los nudos críticos, en el encuentro manifestaron que la resolución demuestra una regresión de los derechos de las mujeres y grupos generacionales en general, y no se ajusta con lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos

Por otra parte, la Directora de Migración del Régimen Especial de la provincia de Galápagos señaló que la firmeza de esta resolución permitirá controlar la permanencia de más personas en dicha provincia ya que al ser un régimen especial, debe existir un control y limitación de la capacidad de personas que pueden ingresar. Sin embargo, existe la predisposición y posibilidad de trabajar en modificaciones de la resolución.

Frente a las consideraciones planteadas por los representantes de las instituciones presentes, la Directora de Migración del Régimen Especial de la provincia de Galápagos como parte de los compromisos asumidos, señaló que socializará a las autoridades competentes para conocer su decisión respecto de derogar la resolución o expedir una provisional mientras se trabaja en un reglamento con las partes de las instituciones involucradas para la garantía y protección de derechos de la población.