En el cantón Colta, participamos en una sesión de la Comisión de Igualdad y Género del GAD Municipal, liderada por la concejala Tránsito Mullo. En colaboración con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, se presentaron los avances en la implementación de la ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos, con un enfoque en el funcionamiento del CCPD, JCPD y la Red de Protección Integral de Derechos. Se identificaron acciones concretas para fortalecer el papel de estos organismos.

En Macas, participamos en la jornada de capacitación “Acogimiento Institucional y Modalidades Alternativas de Cuidado”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura.

El evento se centró en fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas sobre la protección de niños, niñas y adolescentes. Se enfatizó el principio del interés superior del niño y la importancia de que el acogimiento institucional sea la última opción. Se presentaron servicios de la Subsecretaría de Protección Especial y se exploraron modalidades de cuidado que priorizan entornos familiares. La capacitación también incluyó un análisis de políticas públicas y la integración de enfoques como movilidad humana, interculturalidad, género y discapacidad.

Como parte del proceso de observancia de la política pública, impulsado por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), se recopiló información en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Sucúa y Logroño. También se consultó a los usuarios de sus servicios.

El objetivo fue evaluar el funcionamiento, gestión, mecanismos de mejora y necesidades de estas Juntas, así como recoger la percepción ciudadana sobre la atención. La información obtenida servirá como una herramienta clave para fortalecer las capacidades institucionales y asegurar que se respeten los derechos de los grupos prioritarios.

En los cantones de Guamote, Chambo, Colta y El Guabo, recopilamos información para realizar el proceso de observancia a la gestión de las Juntas de Protección de Derechos, para conocer el cumplimiento de disposiciones normativas de manera conjunta con los GAD.