En los cantones de Célica (Loja), Nangaritza (Zamora) y Babahoyo (Los Ríos), aplicamos una encuesta a los integrantes de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Esta acción se realizó como parte del proceso de observación que llevamos a cabo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para evaluar el servicio que brindan estas Juntas.

En el cantón Aguarico (Orellana), trabajamos de forma virtual con los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Realizamos las encuestas para evaluar el perfil profesional de sus integrantes, buscando asegurar que cumplan adecuadamente con sus funciones legales, como la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y adultos mayores.

En el cantón Píllaro (Tungurahua), recopilamos información para el proceso de observación de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Adicionalmente, en la parroquia San Andrés, se llevó a cabo la ceremonia de certificación de la Escuela de Liderazgo para los adolescentes y jóvenes de la red juvenil de Píllaro y Visión Mundial. También pudimos apreciar el trabajo que este aliado realiza con las familias, utilizando el arte de tejer de las madres y abuelas para promover una crianza con ternura.

En los cantones de Pablo Sexto, Huamboya y Santiago (Morona Santiago), recopilamos información de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y de sus usuarios. Esta labor se realizó como parte del proceso de observación de la política pública.

En el cantón Loreto (Orellana), vía telemática recopilamos información de la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD). Esta actividad se realizó como parte de un proceso de observación de la política pública y del perfil profesional de sus miembros, con el fin de asegurar que cumplan adecuadamente con sus funciones legales de protección de derechos.

En los cantones de Loja, Quilanga y Macará (Loja), encuestamos a los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Esta actividad forma parte de un proceso de observación para evaluar cómo cumplen sus funciones en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores.