En el cantón Mera, provincia de Pastaza, brindamos apoyo técnico al Consejo Cantonal de Protección de Derechos en la revisión de la Ordenanza Sustitutiva que regula el Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos.

La normativa vigente (2014) se limita a las funciones del Consejo y la Junta Cantonal en favor de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, omite marcos legales actuales como la Ley de Personas Adultas Mayores, la Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y la Ley Orgánica de Discapacidades. Estas leyes exigen que las Juntas posean competencia técnica y legal para proteger a todos los grupos de atención prioritaria.

Al no cumplir con los estándares actuales, la nueva propuesta de ordenanza busca regular acciones puntuales: define el rol de los tenientes políticos, el protocolo de actuación de la Junta de Protección de Derechos y los tiempos de intervención de la Policía Nacional. Esto evita la improvisación y la negligencia ante posibles vulneraciones de derechos.

“La nueva ordenanza no es solo un documento legal; es la ‘columna vertebral’ que permite que los derechos pasen del papel a la realidad en el territorio”, afirmó Darío García, secretario ejecutivo del Consejo de Protección de Derechos de Mera.