En Chambo, acompañamos al Consejo de Protección de Derechos en el proceso de elección de miembros de la sociedad civil, en el cual participaron  organizaciones sociales y ciudadanos/as titulares de derechos de los enfoques: intergeneracional, género, movilidad humana, discapacidad y de las comunidades a participar en el proceso, quedando integrada la sociedad civil por un miembro principal y uno alterno. Fueron electos a través de colegios electorales.

En Atahualpa, Piñas, Zaruma, Portovelo, Balsas y Marcabelí, socializamos la ANII 2025-2029, a secretarios técnicos de los CCPD, concejales de la Comisión de Igualdad y Género y directores de planificación de los GADM, con el objeto de hacer conocer las políticas públicas priorizadas, que deberán ser transversalizadas en los planes y mesas cantonales.

En Lago Agrio y Cayambe, junto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, facilitamos el taller para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, donde participan jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, en movilidad humana; también participa la asamblea cantonal local y los técnicos GAD, Consejos de Protección, entre otros.

Así también, en Esmeraldas, desarrollamos el taller sobre la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con Consejos Consultivos Ciudadanos (CCC) de jóvenes y de adultos mayores, así como directivas de las asambleas ciudadanas. Durante la jornada, se brindó capacitación sobre el Sistema de Protección Integral de Derechos y se completó el modelo de carta con los aportes ciudadanos y la incorporación de respuestas a las consultas realizadas.

Además, junto a la secretaria técnica y el asesor jurídico del CCPD de Esmeradas, revisamos la ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos. En la jornada se entregó el instrumento para revisión previa, relacionado con los procesos de selección de miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) y se analizaron casos específicos vinculados a la exoneración del pago del impuesto predial en las personas adultas mayores y se coordinó con la Defensoría del Pueblo para su respectivo seguimiento.