El pasado martes 2 de agosto, el Consejo Nacional para la igualdad Intergeneracional compareció ante presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, Rina Campain, dicha intervención se la realizó en el marco de las atribuciones de este Consejo.

Es importante recordar que El CNII es una institución que tiene entre sus objetivos, asegurar la plena vigencia y el ejercicio de derechos de los grupos generacionales, con énfasis en la atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en cumplimiento del mandato constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Por esta razón se puntualizaron las siguientes observaciones y recomendaciones referentes al tema:

• Se debe prohibir toda forma de discriminación o distinción contra las personas adultas mayores. Así como, acciones u omisiones que tengan como efecto anular, excluir o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de derechos en igualdad de condiciones.
• No se debe limitar a las personas adultas mayores a acceder a un trabajo digno y remunerado en igualdad de condiciones.
• No se debe asignar responsabilidades a las personas adultas mayores, sin considerar sus capacidades y limitaciones, puesto que ello amenaza su integridad y el ejercicio de sus derechos.
• Es importante no perder de vista la discriminación laboral a jóvenes (entre 18 y 29 años) que el ordenamiento jurídico ecuatoriano identifica dentro de los grupos de atención prioritaria y como actores estratégicos del desarrollo (título III de la Constitución y artículo 39)

*Revisar la categoría “edad de adultos mayores”; tal denominación no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En la Constitución y otras leyes, se denominan personas adultas mayores a quienes han cumplido 65 años.

Desde el CNII se ratifica el compromiso de trabajo conjunto con la Función legislativa para aportar en la construcción de leyes, encaminadas a la protección, restitución y reparación de derechos a las personas de los grupos de atención prioritaria, garantizando su derecho a la igualdad y no discriminación.