En el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, participamos en la reunión de la Red de Protección Integral. Durante el encuentro, se trabajó en el funcionamiento de los sistemas de protección de derechos y se socializó la propuesta sustitutiva de la Ordenanza del SPID, como parte del proceso de análisis para su posterior aprobación.

En el cantón Guano, provincia de Chimborazo, participamos en la reunión de la mesa técnica del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. El objetivo fue analizar y realizar aportes al proyecto de ordenanza para la prevención, atención y reducción del suicidio. Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública realizó la socialización del Manual Comunitario para la prevención del suicidio, donde se establecieron acuerdos y compromisos para elaborar una hoja de ruta que permita difundir el manual y desarrollar otras acciones que activen factores protectores para la atención integral a niñas, niños y adolescentes.

En el cantón Huamboya, provincia de Morona Santiago, brindamos asistencia técnica en la sesión de la Mesa Cantonal para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la jornada, se aportó al fortalecimiento del trabajo interinstitucional orientado a garantizar los derechos de las mujeres, con énfasis en la niñez y adolescencia. Asimismo, se analizaron y aprobaron el instructivo de funcionamiento y los lineamientos que regularán el accionar de la mesa. Estos aportes técnicos permiten consolidar mecanismos de coordinación para la prevención y erradicación de la violencia en el cantón, reafirmando el compromiso institucional por el bienestar y la seguridad de las mujeres de Huamboya.

En el cantón Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago, se realizó una intervención ante el Pleno del Concejo Municipal para presentar la ordenanza que regula el Sistema de Protección Integral de Derechos. Esta iniciativa se enmarca en el fortalecimiento de la institucionalidad local y en las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para organizar y regular el funcionamiento del sistema cantonal de protección de derechos, conforme a la normativa vigente. La propuesta busca actualizar la estructura del sistema en el cantón, fortalecer los mecanismos de articulación institucional y contribuir a la garantía, promoción y restitución de derechos de la población en situación de vulnerabilidad.