El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través de sus técnicos territoriales, ha venido llevando a cabo jornadas de capacitación desde el lunes 22 al viernes 26 de enero de 2018, sobre el derecho al voto facultativo.

Talleres y reuniones de capacitación se llevaron a cabo en 23 provincias del país, a excepción de Galápagos, en unidades educativas para adolescentes de 16 y 17 años y en varias ONG´S, para personas adultas mayores. Se integraron también a estas jornadas, los consejos consultivos cantonales de niñez y adolescencia y de personas adultas mayores.

El voto facultativo para adolescentes entre los 16 y 17 años, es un derecho que representa un significativo avance legislativo y social, para la participación política de este sector de la población, donde el CNII ha podido integrar el enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional, para eliminar estereotipos que reproducen la discriminación, la desigualdad y la restricción del ejercicio de la participación.

Estas capacitaciones se desarrollaron en todo el territorio nacional a través del equipo técnico del CNII, que ha coordinado con varias instituciones públicas y privadas, entidades educativas, organizaciones de jóvenes y adolescentes y organizaciones de personas adultas mayores, para que adolescentes y personas adultas mayores, puedan contar con la información necesaria para ejercer su derecho al voto facultativo, como el fruto de una construcción social colectiva y la posibilidad de tomar decisiones, como el resultado de un proceso de cambio en la correlación de fuerzas.

En el país, el sufragio de los adolescentes representó el 5% del padrón electoral en el año 2017, es decir 676.401 personas entre 16 y 17 años. En tanto que las personas adultas mayores, representaron el 11% del padrón electoral, es decir, 1’ 431.328 de personas habilitadas para ejercer el sufragio, que pasaban los 65 años.

Sin lugar a dudas el derecho al voto facultativo es un logro significativo en la vida democrática del país y sobre todo en los avances y garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria, para que sus necesidades de desarrollo y condiciones de vida sean atendidas, y así, alcanzar un efectivo goce de derechos.