Saltar al contenido principal

CNII e Inmayores Uruguay articulan acciones de cooperación en beneficio de personas adultas mayores

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) y el Instituto Nacional del Adulto Mayor de Uruguay (Inmayores) generaron una agenda programática de cooperación, con el objetivo de fortalecer la política pública de atención, investigación y protección de las personas adultas mayores en Ecuador, esto en el marco de la socialización de la Ley del Adulto Mayor que se viene desarrollando en el país, a fin de recibir aportes a la misma y construir de forma participativa el reglamento que operativice la Ley.

Patricio Trujillo, en representación del CNII mantuvo una reunión con representantes de Inmayores, quienes tienen como misión aportar al desarrollo de las personas mayores de 65 años, proteger sus derechos y estimular la participación de organizaciones de mayores en la gestión de políticas de vejez.

Inmayores ha desarrollado el Plan Nacional de Vejez en cuatro macro aspectos:

a) Territorio y sociedad civil donde se potencializa la importancia del diálogo con organizaciones de personas adultas mayores.

b) Construcción de información para conocer con datos la realidad de las personas adultas mayores.

c) Política pública e implementación de acciones contra violencias, vulnerabilidad físicas, sociales y económicas (dependencias).

d) Mecanismos regulatorios mediante un sistema de cuidados, capacitación a los sistemas de protección, atención y vinculación con organismos regionales.

El CNII compartirá diferentes espacios con el instituto uruguayo con la finalidad de obtener retroalimentación e intercambiar experiencias, es así que Inmayores extendió una cordial invitación al Secretario Técnico del CNII, Nicolás Reyes, para que participe el 18 y 19 de septiembre en la celebración de los 10 años de creación del instituto y en el congreso donde la sociedad civil del Uruguay debatirá sobre el envejecimiento y el Plan Nacional de Vejez implementado.

Ecuador reconoce el derecho esencial de las personas adultas mayores de ser tratadas con igualdad, dignidad y respeto. El Estado debe lograr respuestas efectivas y eficientes para garantizar la protección y la seguridad social, la salud especializada, la atención de las discapacidades, el acceso a justicia, la educación, la superación de la extrema pobreza, la protección frente a la negligencia o el abandono de las personas adultas mayores.