En Colta y Chunchi, socializamos la Consulta Nacional de Priorización de las Políticas Públicas de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (ANII) 2025-2029 durante las reuniones de las Redes de Protección Integral. De este encuentro surgieron compromisos firmes para promover la participación de la ciudadanía en este proceso de elaboración de política pública dirigida a los grupos generacionales.

En la provincia del Azuay, y de manera telemática, realizamos el Taller de Fortalecimiento de Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos (JCPD y CCPD), en articulación con el Consejo de la Judicatura.

Módulo 1: Violencia contra la Mujer El taller técnico, dirigido a operadores de los Organismos de Protección de Derechos Locales de Azuay y Morona Santiago, inició con la participación del Dr. Fernando Guerra, Juez de la Unidad Penal de Gualaceo.

Temática: Análisis práctico del procedimiento administrativo de protección en casos de violencia contra la mujer (énfasis en la aplicación del procedimiento administrativo por las JCPD).

Durante esta jornada, se abordaron consultas específicas de las JCPD y CCPD con el objetivo de fortalecer la aplicación efectiva de los mecanismos de protección en el territorio.

Módulo 2: Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El espacio de formación concluyó con el tercer tema, a cargo del Dr. Juan Carlos Paz, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Temática: Aplicación del procedimiento administrativo en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la actuación de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.

La jornada contó con la participación activa de operadores de los sistemas locales de protección de cantones del Azuay (Santa Isabel, Camilo Ponce Enríquez, Nabón y El Pan) y de Morona Santiago (Palora, San Juan Bosco, Gualaquiza y Limón Indanza).

Los participantes abordaron casos emblemáticos, identificaron vacíos normativos y fortalecieron criterios técnicos para la intervención oportuna en contextos de presunción o vulneración de derechos.

Finalmente, se destacó la importancia de la articulación interinstitucional, la celeridad en la respuesta administrativa, la audiencia reservada y el enfoque de interés superior del niño como eje rector de toda actuación.