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COMUNICADO: La erradicación del trabajo infantil debe ser una prioridad de la política social

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) tiene como mandato constitucional la formulación, transversalización, seguimiento, evaluación y observancia de la política pública. El CNII ha insistido en la necesidad de sumar esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil y que el país pueda cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021 y la Agenda para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021.

Para ello, en 2018 desarrolló un Informe de Observancia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el mismo que ha sido socializado a nivel nacional, en el cual se recomienda implementar una estrategia intersectorial y multinivel entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales con el objetivo de establecer asignación de presupuesto y acciones concretas en la prevención y erradicación del trabajo infantil. De igual manera, con el objetivo de aportar al debate académico, el CNII generó seminarios especializados con distintas universidades y centros académicos del país e impulsó el Primer Congreso Nacional sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador, evento organizado conjuntamente con la Universidad del Azuay.

Las acciones que realiza el CNII, se enmarcan en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los Convenios Internacionales de la OIT 138 y 182 suscritos por el país y sobre todo en la Constitución de la República. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) hace un llamado a las entidades rectoras de la política pública para fortalecer los programas especializados asignando el presupuesto necesario para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A los gobiernos autónomos descentralizados para que desarrollen ordenanzas específicas que permitan el abordaje integral de la problemática, y que además incluyan esta política como una prioridad en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). También se requiere fortalecer y garantizar el adecuado funcionamiento de consejos y juntas cantonales de protección de derechos, a fin de contar con medidas de protección y restitución de derechos para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil.

Además, solicita a la Asamblea Nacional que en la reforma integral del Código de la Niñez y Adolescencia se contemplen mecanismos claros para la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y no permitir ningún retroceso en la legislación ecuatoriana. Resulta fundamental que en otras leyes de carácter social, económico y productivo se encuentre claramente establecida la prohibición del trabajo infantil y la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria.

A los sectores empresariales, agroindustriales y artesanales exhortar el cumplimiento de la normativa ecuatoriana en cuanto a la prohibición del trabajo infantil y hacer un llamado para que implementen “sellos de productos libres de violencia y trabajo infantil” y programas de responsabilidad social.

A los medios de comunicación y su responsabilidad para desarrollar mensajes que luchen contra el trabajo infantil y los estereotipos discriminatorios asociados a prácticas que lo naturalizan.

Finalmente llama a la sensibilidad y corresponsabilidad que tiene el Estado, el Ejecutivo, la sociedad y las familias ecuatorianas en la lucha por los derechos para que todas las niñas, niños y adolescentes vivan de manera plena y con la garantía de todos y cada uno de sus derechos fundamentales.

Para mayor información: Informe de observancia sobre trabajo infantil