Este, 17 de septiembre, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de proteger verdaderamente los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas, al no obligarlas a continuar con un embarazo que es producto de la violencia ni a someterse a abortos clandestinos, ilegales e inseguros que ponen en riesgos sus vidas.

Los embarazos producto de este delito aumentan el riesgo de las mujeres a tener afectaciones en su salud física, psíquica y emocional, pudiendo llegar incluso al suicidio. Además, la maternidad forzada (producto de violación) compromete el desarrollo integral de las mujeres, pone en riesgo su proyecto de vida, perpetuando un círculo que reproduce la pobreza y la exclusión.

La existencia de leyes restrictivas que prohíben el aborto por violencia sexual o malformaciones genéticas graves vulnera el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos y provoca muertes innecesarias.

La violencia sexual tiene graves consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas en las niñas, adolescentes y mujeres víctimas, como son el embarazo no deseado, la depresión que puede llevar al suicidio, la muerte por complicaciones gineco obstétricas producto de abortos realizados en condiciones clandestinas, que se constituyen en problemas sociales y de salud pública, que evidencian la desigualdad, la injusticia social y una clara violación de los derechos humanos.

Ecuador es un país laico y garantista de derechos cuya normativa no se fundamenta en la moral por lo el Estado en su conjunto debe efectivizar las acciones que permitan la reparación integral material e inmaterial de las y los sobrevivientes de violencia sexual y el ejercicio de sus derechos de salud, salud metal, educación, integridad, a una vida libre de discriminación y garantizar los principios de no revictimizacion y no repetición.

Las cifras de violencia hacia las mujeres -en particular niñas y adolescentes- son alarmantes. La violación es una de las formas más crueles y denigrantes que una mujer puede sufrir, indistintamente de su edad, estrato socio económico, educación, etc. Las niñas y mujeres que son víctimas de violencia no deben enfrentarse al temor de ser encarceladas por no querer continuar con embarazos que, evidentemente, no fueron deseados. El aborto seguro y legal debe ser una posibilidad real.