Con el objetivo de fortalecer la garantía y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, Ángel Torres Machuca, defensor público general y Francisco Cevallos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional.

Con esta firma inicia un proceso para proporcionar asesoría y patrocinio gratuito; reportar el seguimiento de casos; capacitar al personal técnico en la prevención de la violencia y Derechos Humanos para generar especialidad y especificidad.

En su intervención, la máxima autoridad de la Defensoría Pública destacó que se brindará todo el apoyo y contingente técnico para garantizar el pleno acceso a la justicia de estos grupos de atención prioritaria.

Añadió también que la coordinación entre las dos instituciones será un factor vital para la elaboración de propuestas de política pública para promover, impulsar, proteger y garantizar los derechos de estos sectores.

De igual manera, agradeció al Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional por el interés en el cumplimiento del acuerdo de cooperación, tras afirmar que se esperan resultados para consolidar una sociedad donde impere el respeto a los derechos, el pleno acceso a la justicia y mejor calidad de vida para los ciudadanos.

El secretario técnico del CNII, Francisco Cevallos Tejada informó sobre la importancia de fortalecer el Sistema de Protección de Derechos, para precautelar a niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores; la construcción del Plan 2030 de niñez y adolescencia; y, capacitación para generar especialidad y especificidad.

El CNII realizará el seguimiento de las causas, temas de adolescentes en conflicto con la ley y personas adultas mayores; generará procesos de capacitación para defensores públicos sobre igualdad y no discriminación con enfoque generacional e intergeneracional.

El acuerdo durará cuatro años, tiempo en el cual trabajarán articuladamente en el territorio nacional en 194 puntos de atención, en 146 cantones para garantizar el derecho de los grupos de atención prioritaria.