La Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional encargada de presentar las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades se reunió, el 10 de abril del presente año, con representantes de los Consejos Nacionales de Igualdad de Género e Intergeneracional (CNIG, CNII), también participó Pamela Sánchez, adolescente de la provincia de Tungurahua.

Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que en el país el 23, 67% de personas con discapacidad son mayores de 65 años. Otros datos relacionados al tipo de discapacidad son: el 46,65% corresponde a discapacidades físicas, el 22%36 a discapacidades intelectuales, el 14,12% a discapacidades visuales, el 11,83 a discapacidades auditivas y el 5,03 % a discapacidades psico sociales. Las personas con discapacidad, registradas en el CONADIS suman 458.811.

En las exposiciones se destacó la preocupación por atender de manera prioritaria, como manda la Constitución de la República, a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores con discapacidad, víctimas de violencia física, sicológica y sexual lo que genera múltiples vulneraciones que demandan atención urgente y especializada.

En particular las mujeres: adultas mayores, adultas, jóvenes, adolescentes y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, requieren de una ley que proteja sus derechos, dijo Paolo Mera del CNIG, quien además manifestó que esta Ley debe contemplar un sistema integral de cuidados entendido como un conjunto de programas y recursos que faciliten, promuevan y reconozcan el rol de las mujeres como cuidadoras de personas con discapacidad, superando estereotipos sobre la supuesta obligación natural de las mujeres para cumplir con este rol.

Grace Vásquez, Directora Técnica del CNII, pidió que la revisión de la Ley sea integral y con enfoque de derechos, desde una concepción biopsicosocial que contemple las especificidades de la realidad de las personas con discapacidad, según su edad y con la atención especializada para personas adultas mayores, niñas y adolescentes, en su condición de sujetos de derechos y atención prioritaria dados además los altos niveles de vulneración que sufren. Enfatizó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia con mecanismos inclusivos y especializados que evite su discriminación.

El asambleísta Sebastián Palacios, pidió que la Ley tome en cuenta las recomendaciones y medidas de reparación que sirvan para reparar las múltiples vulnerabilidades que pueden llegar a afectar a las personas con discapacidad.

La asambleísta Teresa Gonzáles dijo que el país no cuenta con un censo de las discapacidades. Hablamos de inclusión, manifestó, “pero para incluir, los mismos profesores no estamos capacitados; debemos recibir el apoyo del gobierno y el debido asesoramiento, las verdaderas técnicas de inclusión. Las responsabilidades para desarrollar adecuadamente sus capacidades. Una discapacidad no les impide desarrollarse en otros aspectos. Y a estas niñas, niños, adolescentes con discapacidad no se les puede dar un trato discriminatorio sino inclusivo”. Recalcó que debe prepararse también a madres y padres que tienen hijos con discapacidad. “El ser humano tiene que sentirse útil y no inútil hasta para vivir”.

La adolescente Pamela Sánchez compartió su experiencia. “Tuve la oportunidad de formarme en una institución denominada inclusiva, pero esto se queda en letra muerta” afirmó que la educación debe ser trascendente para las personas con discapacidad. Planteó la alternativa de tutorías entre jóvenes para generar vínculos entre quienes tienen destrezas en determinadas materias y quienes requieren apoyo, como puede pasarle a una persona con alguna discapacidad.

Pamela señaló además que hay desinterés sobre el acontecer nacional entre adolescentes y jóvenes, “no queremos que su participación se limite a las redes sociales”; agradeció la invitación y finalmente pidió a las y los asambleístas que hagan su trabajo con el intelecto y corazón conjugándolos en equilibrio.

Al cierre de la sesión, Antonio Garzón, presidente de la Comisión, dijo que el objetivo es trabajar por el bienestar de la gente y que para ello se debe fortalecer y fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas existentes. Informó que para el trabajo previo al segundo debate se solicitará la comparecencia de los Ministerios de Salud y Educación.