En el cantón San Fernando, provincia de Azuay, por convocatoria de la Presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito San Fernando, autoridades de las Unidades Educativas involucradas y la Junta Cantonal de Protección de Derechos, brindamos asistencia técnica para el fortalecimiento y funcionamiento de las mesas de análisis de casos.

Esta asistencia surgió ante la necesidad de dar respuesta a las y los adolescentes cuya situación de riesgo y vulnerabilidad se mantiene, a pesar de las acciones realizadas por los organismos de protección. Por ello, fue necesario revisar la ruta dispuesta por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y los procedimientos administrativos para identificar los nudos críticos.

Como parte de los acuerdos:

• El DECE se compromete a socializar sus competencias y a mejorar los canales de comunicación entre los diferentes organismos del sistema.
• Se revisará la forma de relacionamiento entre el CCPD y la JCPD frente a casos emergentes y mediáticos.
• La Secretaría Ejecutiva realizará el seguimiento de los acuerdos para su debido cumplimiento.
• El CNII dictará un taller sobre el enfoque de igualdad y no discriminación a las autoridades cantonales, funcionarios municipales y demás organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos.

El objetivo de este taller es erradicar juicios de valor, prejuicios instaurados hacia las y los adolescentes, violencias sutiles de género, entre otras.

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal.

El objetivo central fue socializar y profundizar el conocimiento sobre la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM), haciendo énfasis en la garantía y exigibilidad de los derechos de este grupo de atención prioritaria.