Las y los jóvenes son ciudadanos y ciudadanas entre los 18 y 29 años de edad, período etario definido en la Ley de la juventud del Ecuador.

Según el censo de 2010 en el Ecuador este grupo poblacional era de 3.043.513 lo que representaba el 21,4% de la población total y para el 2017 se estima que serán  3.404.891 lo que representará el 20,3% de la población total.

Hablar de la juventud supone hablar del período del ciclo vital en el cual las personas se encuentran en un momento de: consolidación de su identidad, adquisición de nuevas responsabilidades, conformación de una familia, búsqueda de la autonomía económica y los roles sociales se transforman en cuanto a la valorización de sus opiniones y sus expectativas. Es un momento también marcado por la necesidad de adquirir experiencia para su desempeño profesional y laboral.

Todas estas características hacen necesario el apoyo del Estado, la sociedad y la familia a fin de permitirles realizarse como personas y ser actores estratégicos del desarrollo del país, tal como lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador.
Esta energía, fuerza vital y transformadora propia de los jóvenes debe ser aprovechada positivamente para el bienestar de la sociedad ecuatoriana.

La juventud es una etapa del ciclo de vida caracterizada por la fuerza de sus anhelos que se expresa en la participación activa y militante de causas sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas. Los jóvenes generan diversos espacios sociales, donde generalmente establecen nuevas relaciones interpersonales, nuevos códigos de comunicación y estrategias de desafiar a la sociedad.

La Constitución de la República reconoce a las personas jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país. Señala que se les garantiza todos los derechos y establece la obligación de asegurar aquellos correspondientes a la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, así como fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

La garantía de sus derechos debe asegurarse a través de políticas, programas, instituciones y recursos que fortalezcan su participación e inclusión en todos los ámbitos. En este sentido, la Ley de la Juventud determina las obligaciones del Estado respecto de las políticas para la promoción y garantía de los derechos de las y los jóvenes, y establece la obligatoriedad de su participación para la definición de dichas políticas.