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Los sistemas de protección de derechos son prioritarios en el Acuerdo Nacional 2030 Por Una Vida Libre de Violencias

El 22 de agosto se desarrolló la primera de una serie de “Jornadas de debate sobre los sistemas de protección de derechos en el Ecuador”, con la participación de autoridades nacionales y locales, a fin de avanzar en la protección de derechos y en la reducción de las violencias que continua poniendo en riesgo desde el derecho a la salud y la integridad hasta el derecho a una vida digna. El encuentro se realizó en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Uno de los objetivos del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencia es el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos, ratificó Ariadna Reyes, asesora del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien manifestó que era necesario superar la ausencia de la comprensión sistémica, la falta de capacidades operativas, las insuficientes medidas frente a la vulneración de derechos, el incumplimiento de medidas de protección y justicia, y la falta de compromiso con el deber de proteger los derechos de las personas por parte de las autoridades.

Por su parte, Grace Vásquez, Directora Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional manifestó que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad, mandado en la Constitución de 2008, no se ha conformado y que ésto implica un reto para los sistemas de portección especializados que deben avanzar en su fortalecimiento a pesar de este hecho. Recordó que en el país hay una población cercana al 40% que está conformada por niñas, niños y adolescentes quienes son considerados como sujetos de interés superior por las características específicas de esta etapa de la vida y que por ello el Diagnóstico de los Organismos del Sistema de Portección de Derechos de Niñez y Adolescencia, realizado en 2018, resulta un insumo clave para el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos ne el Ecuador.

Este estudio analiza a los 203 Consejos Cantonales de Protección de Derechos (CCPD) que son responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, a las 171 Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD), a 104 consejos consultivos cantonales de niñas, niños y adolescentes, 88 de jóvenes y 116 de personas adultas mayores y a 41 Defensorías Comunitarias (DF).  Pero la existencia de estos organismos no garantiza su adecuado funcionamiento y en ese sentido se encaminan esfuerzos para capacitación y asignación de recursos.

Entre los delegados locales, Vicente Tibán, Presidente del CCPD de Salcedo, señaló que es difícil cumplir con las responsabilidades asignadas sin el apoyo y los recursos necesarios, sin embaro dijo que existen Defensorías Comunitarias en el 80% de barrios urbanos y rurales. Antonio Bermeo, Presidente del CCPD de Loja, señaló que estos organismos no están siendo valorados suficientemente por los gobiernos municipales y que no se asignan los recursos necesarios.

Carla Acosta del CCPD de Ruminahui indicó que frente a los recursos que son escasos, han entablado convenios que facilitan la gestión conjunta para la protección de derechos de los grupos más vulnerables y coincidió con Magalie Calle de la JCPD de Nabón quien relató lo exitoso de hacer que los organismos vayan a la comunidad en vez de esperar a que la comunidad acuda a ellos pues hay limitaciones desde conocimiento de su existencia y funciones, hasta de tiempo, distancias e incluso de costos de financiamiento de su movilización hasta las cabeceras cantonales. Esto, dijo ha permitido que haya un reconocimiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos tanto de las comunidades cuanto de las autoridades.

Esta primera jornada, es parte de una serie de encuentros y actividades que se están implementado interinstitucionalmente para fortalecer el Sistema de Protección de Derechos, entendido como un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios para la protección de los derechos de todas las personas, a lo largo de la vida, con especial atención a niñas, los niños, las y los adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores, con discapacidad y aquellas en situación de movilidad humana.

Nuevas jornadas de reflexión y acción sobre los sistemas de portección de derechos, se suman a una serie de encuentros de formación y capacitación para operadores del sistema, incluidos servidores públicos de ministerios e instituciones prestadoras de servicios, así como a la consulta a niñas, niños y adolecentes, en el marco del porceso de reformas al Código de Niñez y Adolescencia, para obtener insumos que permitan avanzar en la necesaria comprensión sistémica para la protección de los derechos y el fortalecimiento del sistema democrático en el Ecuador.