El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil CCPID-G ante las continuas acciones ocurridas relacionadas a la violencia y maltrato que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia de la ciudad, en el marco de sus atribuciones declaradas en el art. 10 de la Ordenanza de conformación, organización y funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral de derechos del cantón, manifiesta lo siguiente:

1. EVOCAMOS que es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

2. REITERAMOS que le corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

3. INSTAMOS cumplir con el deber que tienen todas las personas de intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos de maltrato (negligencia), violencias, abuso y otras vulneraciones de sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad competente.

4. EXIGIMOS se respete el derecho a la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual que tienen los niños, niñas y adolescentes. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Y no se admite la justificación o alegación de que el maltrato constituye un método formativo o una práctica cultural tradicional de educación.

5. INSTAMOS a todas las entidades que brinden servicios, públicas y privadas, que cumplan con las medidas de protección y resoluciones administrativas y judiciales que emitan las autoridades correspondientes y con los estándares de calidad establecidos.

6. PEDIMOS a los progenitores cumplir con el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, entre otras.

7. EXHORTAMOS a los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, a denunciar a tiempo los actos de maltrato, violencia o vulneración de derechos que estén ocurriendo y afectando la vida de los niños, niñas y adolescentes. Toda persona por ley está obligada a denunciar un hecho que presente estas características, a fin de evitar la pérdida de la vida de un hijo o hija, como lamentablemente sucedió con un niño de 2 años de edad presuntamente asesinado por su padrastro y el suicidio de un adolescente víctima de bullying y que probablemente no encontraron una respuesta de ayuda adecuada en el sistema de su familia y de educación.