En representación de Ecuador, Francisco Cevallos Tejada, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional participó en la Undécima Sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento para fortalecer la protección de derechos humanos de las personas adultas mayores – OEWG11 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El desarrollo de sistemas especializados de servicios y cuidados; medidas para la promoción y protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas de edad; la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas; la necesidad de un instrumento global vinculante para los Estados, entre otras, fueron las temáticas en las que reflexionó el Estado ecuatoriano.

El secretario inició su intervención reflexionando sobre el crecimiento de la población adulta mayor en el mundo. En el 2018 por primera vez en la historia, este grupo generacional (143 millones) ya superaba en número a los niños menores de 5 años. En menos de 3 décadas el número y proporción de personas adultas mayores se triplicará, pasando del 9% al 25% de la población mundial (426 millones).

En la actualidad este grupo afronta brechas y desigualdades históricas, situaciones de pobreza y pobreza extrema; un empobrecimiento progresivo agudizado por la pandemia de la Covid-19. Explicó también que adultos mayores se encuentran en situación de discapacidad, movilidad humana, analfabetismo y arrastran enfermedades degenerativas, sin cuidados paliativos. Por lo tanto, es importante desarrollar adecuados sistemas de protección de derechos y de cuidados.

Hizo referencia a la importancia de fortalecer sistemas de protección, pensiones, cuidados especializados, y el desafío de su sostenibilidad en el tiempo. Modelos de intervención, gestión, servicios y atención ajustados a las diversidades deben ser accesibles, adaptables y aceptables; las conocidas 4 “A” del enfoque de derechos a la que es necesario incluir una quinta en su concepción anglosajona, “accountability”, que es la rendición de cuentas y la participación de esta población en la toma de decisiones. Todas ellas son bases indispensables para la vigencia y garantía de los derechos de las personas adultas mayores.

Pensar el proceso de envejecimiento de las sociedades significa que las políticas hoy deben contemplar medidas para un envejecimiento saludable de las nuevas generaciones. “Requerimos de políticas públicas con un enfoque intergeneracional con medidas interdependientes y complementarias para sostener el sistema de protección en la actualidad, pero también para aquellos que en un futuro serán adultos mayores. Por lo tanto, se requiere de la fuerza y el sostenimiento del sistema de cuidados y construir un envejecimiento saludable de la población”, aseguró.

Sobre el marco programático de Ecuador, señaló que la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM), aprobada en 2019, considera varios enfoques y principios como el ciclo de vida, el género, la movilidad humana, la intergeneracional, la interculturalidad, y la poblacional urbano y rural. Este instrumento es mandatorio para desarrollar un Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Este instrumento observa como marco jurídico a la Convención Interamericana de derechos de las personas mayores, el instrumento regional más importante en esta materia; razón por lo cual un instrumento referente a escala global debe ser contemplado en el seno de las Naciones Unidas.

En el campo programático destacó el Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida” 2017-2021, que contempla políticas y estrategias para este grupo poblacional, destacándose “Mis mejores años”, una misión emblemática del Estado Ecuatoriano con 4 grandes ejes: i) entornos favorables y servicios de cuidado; ii) seguridad de los ingresos que toma en cuenta transferencias monetarias directas para los grupos más vulnerables; iii) competencias y empleabilidad; y, iv) estado de salud.

Un esfuerzo adicional del Estado ecuatoriano y sus instituciones para la población adulta son las políticas recogidas en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional que aborda temáticas para reducir las brechas y alcanzar la igualdad de esta población; prevenir la violencia; fortalecer los servicios de cuidados con modalidades de atención que promuevan su autonomía, con enfoque de género e interseccional; acceso a los servicios de atención de salud prioritaria y especializada; reducción de la malnutrición y la promoción de prácticas de vida saludable; acceso a la educación y eliminar el analfabetismo; erradicar la mendicidad y atender la situación de calle; promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad, entre otros.

En el contexto de la pandemia por Covid-19, informó que el país elaboró e implementó un Protocolo para la articulación de los sistemas locales de protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, el mismo que recibió un reconocimiento por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), como una buena práctica en la región.

En su reflexión señaló que las consecuencias de la pandemia han puesto de relieve temas relacionados a la salud mental de la población, así como debe ponerse en debate el sostenimiento de los sistemas y servicios de atención y cuidados.

Es necesario, señaló, el abordaje de la autonomía económica de la población adulta mayor; considerando que una de las violencias que esta población sufre, es la patrimonial; así como el de la participación social, ciudadana de este grupo generacional.

Durante el diálogo con los otros expositores y a partir de comentarios y preguntas de diversas organizaciones no gubernamentales que intervinieron en el evento, uno de los temas más importantes abordados fue el de la educación a lo largo de toda la vida.

Respecto a la inclusión digital para las personas adultas mayores indicó que el objetivo en este momento deber estar enfocado a la inclusión en todos sus sentidos, incluida la digital, más cuando el escenario mundial nos ha llevado a una acelerada digitalización de las sociedades. En este mismo sentido destacó que el desarrollo de destrezas en este campo no debe estar ligado únicamente al conocimiento adecuado sobre el uso de la tecnología, sino el desarrollo de destrezas sobre sus contenidos, para así aprender a discriminar información, discernir e identificar adecuados contenidos, pues debemos ser conscientes que existen riesgos frente a los cuales debemos volver al ambiente digital sano, seguro y constructivo para las personas adultas mayores.

Propuso que Grupos de Trabajo como el de envejecimiento deben entrar en diálogo con otros grupos de trabajo de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) promueve una Conferencia Internacional para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Confintea) y es un espacio de incidencia para relievar la importancia de la educación para las personas adultas mayores; más aún cuando es este grupo poblacional el más afectado por el analfabetismo; y dentro de él, agudizado en mujeres indígenas y rurales.

La educación debe ser un derecho humano básico al que todos y todas puedan y deben acceder, pero principalmente aquellas que en la actualidad son más vulnerables y analfabetas. La falta de educación ha provocado repercusiones sociales y económicas en nuestra región, por eso es indispensable la generación de políticas públicas con esta especificidad.

Concluyó la representación de Ecuador en este espacio, mencionando la importancia que tiene la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores para la región, como un referente para los Estados, y en ese contexto hizo un llamado a contar con un instrumento global de esas características.

Mira la intervención del Secretario Técnico en este evento aquí